POR OSCAR SÁNCHEZ MADAN
Cuba es uno
de los pocos países del mundo carente de sitios en la prensa donde se
puedan denunciar los atropellos de que son víctimas las ciudadanas y los
ciudadanos por parte de no pocos corrompidos funcionarios de los
sistemas, judicial y carcelario.
En este sentido el artículo 19 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas es letra muerta. Este expresa
que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de
expresión... Dicho instrumento jurídico, aprobado el diez de diciembre
de 1948, por la Asamblea General del mencionado organismo internacional,
se viola desvergonzadamente en la isla.
Esa, entre muchas otras, fue la causa por la que los demócratas del
planeta se escandalizaron, en fecha reciente, cuando el país caribeño
fue elegido para integrar el Consejo de Derechos Humanos.
Este órgano se
encarga de monitorear las violaciones que en esta materia se cometen en
diversos países.
Durante más de cinco décadas los medios oficiales, -únicos legales en el
territorio nacional- han guardado un silencio sepulcral en relación con
las arbitrariedades de que es víctima la ciudadanía durante los
espurios procesos judiciales.
Estos callan los maltratos físicos y
mentales que han sufrido decenas de miles de reclusos en las tenebrosas
ergástulas castristas. Cientos de ellos han perdido la vida.
El gobierno expresa que existen en el país oficinas estatales donde las
personas pueden quejarse de las violaciones de sus derechos, pero estas
están plagadas de funcionarios comprables que responden por entero al
oficialismo y muchas veces encubren los actos arbitrarios. Los mismos se
parcializan cuando entre los violadores se cuentan poderosos
empresarios gubernamentales, altos dirigentes del estado y militares.
No son permitidas en la isla organizaciones no gubernamentales que
monitoreen el ejercicio de las libertades ciudadanas, conforme a lo que
establece la Carta Universal de Derechos Humanos. Las que existen
trabajan en la ilegalidad y sus activistas son perseguidos por las
autoridades, difamados, golpeados y muchas veces encarcelados.
Es en tales condiciones que la población precisa de espacios en la
prensa para opinar acerca de sobre los procesos penales, laborales,
civiles y administrativos que tienen lugar en el país. Estos transcurren
en medio de una semioscuridad. La población y la Comunidad
Internacional no son informadas de lo que ocurre en los centros de
investigación, tribunales y cárceles del país, por lo que prolifera la
impunidad.
Ya es hora de acabar con el secretismo oficial.
Las víctimas del
aborrecible "ordenamiento" jurídico castrista tienen derecho a hablar,
informar y opinar sobre los arbitrarios procedimientos y actos
incivilizados de quienes están obligados a hacer respetar los derechos
de todos.
Tiene el pueblo cubano derecho a utilizar espacios en la prensa para
manifestar sus inquietudes en relación con los sistemas judicial y
carcelario del país. La ciudadanía no puede continuar con una mordaza
que le mantiene los labios congelados.
Impedir que las personas se expresen es una afrenta a la nación, a la
independencia y a la soberanía popular.
Dicha situación el gobierno está
obligado a cambiarla. No más demora.
Para Cuba actualidad: sanchesmadan61@yahoo.com
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