LA HABANA, Cuba.- El abogado de Cubalex Julio Ferrer Tamayo y su
esposa, la abogada Marienys Pavó Oñate, llevan cinco años de separación y
aunque ella resultó absuelta en juicio hace menos de una semana, aun no
se toma una decisión sobre su caso.
“No es cuestión de esperanza”, declara Julio Ferrer a CubaNet, “es
una cuestión de derecho. ¿Qué es lo que ocurre?”, él mismo se pregunta y
se dispone a contar una historia llena de tecnicismos legales que las
instancias encargadas de ejecutar la Ley han violado.
El proceso de Marienys Pavó Oñate no empezó hace unas semanas sino
mucho antes, el 31 de julio de 2012 cuando su esposo, en calidad de
abogado, quiso representarla y le fue negado su derecho, lo que se
agravó cuando empezó a denunciar las irregularidades del proceso legal
al que fuera sometida Mairenys.
“A principios del 2016 dio la casualidad de que hubo un período en
que fue directora de la prisión de mujeres la teniente coronel Mercedes
Luna Rodríguez, una mujer con años de experiencia, con un mejor trato
con los internos y con los familiares, lo que me permitió acceder a ella
y plantearle la situación de mi esposa, ella se alarmó y me pidió toda
la documentación”. A Ferrer le consta que la directora creó un equipo
para que se “comprobara” la historia de Marienys Pavó, por lo que según
el abogado, recibió como respuesta un “tú tienes toda la razón. A esto
hay que darle una respuesta”.
No fue la única en corroborar la historia de la abogada en prisión.
“Yo envíe una comunicación al General de Brigada Marcos Hernández
Alcalaz, jefe nacional de prisiones”, y pasó exactamente lo mismo,
“Comprobaron que era cierto lo que decía. Mi esposa estaba presa
ilegalmente”.
“La teniente coronel comenzó a insistir”, cuenta Julio Ferrer, y pone
la culpa exactamente donde él cree que va. “No culpo a las autoridades
de instrucción, no culpo a los militares, pero sí culpo a varias
autoridades judiciales, a Silvia María Jerez Marimón, presidenta de la
sala segunda de lo penal provincial; a Plácido Batista, el presidente de
la sala de los delitos contra la seguridad del tribunal supremo”, y da
sus argumentos: “Creo que a estas mismas personas, sobre todo Silvia
María es a la que se le ha indicado desde 100 y Aldabó: “Preparen esta
causa, metan a esta mujer ahí para nosotros tener un escudo”.
“¿Cuál fue la respuesta que recibió la directora de la prisión? Como
ellos estaban en un fuego cruzado conmigo, yo enviando documentos y
denuncias a las Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hasta a la
Asamblea Nacional, ellos decidieron hacerle un nuevo proceso”, la causa
fue “cohecho”, y se habla de un período de tiempo anterior al 2012 y
hechos ocurridos en el 2013 y en el 2014. “Pero cómo va a participar en
esos años si está presa desde el 2012”, se cuestiona el abogado y no lo
hace solo. “Fue tan burdo que las mismas autoridades de la prisión se
preguntaron cómo era posible que mi esposa pudiera cometer este delito”,
dijo Ferrer.
Pese a todas las trabas que Julio afirma que le pusieron, “el tiro
les salió por la culata, yo salí de pase”, porque mientras Pavó Oñate
estaba siendo acusada de un nuevo delito, su esposo estaba encarcelado
por una supuesta falsificación de documentos. “Lo preparé todo, solicité
a la junta directiva de Bufetes Colectivos que designaran un abogado,
el abogado asumió el caso, le di toda la documentación, pedí además que
esta persona, Silvia María, no interviniera, y fue separada del asunto y
finalmente tuvieron que dictar una sentencia absolutoria con relación a
mi esposa”.
La familia como castigo
“Las hijas lo mismo van a la prisión que a la fiscalía, van al
tribunal, y siempre reciben las mismas respuestas: ‘Ven mañana’, ‘dentro
de 15 días’, ‘te vamos a avisar’. Cuatro años y nadie ha respondido”.
Julio trata de medir el daño que ha sufrido la familia de Mairenys: “Las
consecuencias son trágicas. Nosotros ahorita hace seis que no hacemos
vida de matrimonio”. Pero lo peor ha sido todo lo que se ha perdido la
esposa de Ferrer. “Ella tiene dos hijas que se han hecho adultas estando
ella adentro. Una acaba de cumplir 25 años y la otra tenía 17 años
cuando la mamá entró a prisión. Ya están casadas, tienen hijos y su
madre se ha perdido partos, casamientos, todo”, denuncia Julio.
También cuenta cómo Mairenys no pudo ver a su madre con vida cuando
se le presentó el cáncer de vesícula ni cuando falleció meses más tarde.
“A ellos no les interesa la familia, a ellos no les interesa la persona
cuando ya te tachan de enemigos, no les interesa nada”, y agrega:
“Presenté junto a mi cuñada Leticia los documentos, un resumen de
historia clínica del médico para que la trasladaran. No se estaba
pidiendo nada que no estuviera reglamentado en el sistema carcelario.
Las autoridades penitenciarias hicieron caso omiso. Cuando el
fallecimiento se presentó, incluso el acta de defunción, hicieron el
mismo caso”, dice Julio, sin perder la perspectiva y denunciar otro
hecho que contradice la política que promueve la dictadura.
“Ese mismo año en la celebración del día de los derechos humanos en
una entrevista que le hicieron al fiscal general Darío Delgado, ratificó
que se cumplían todos los derechos de los internos, sobre todo las
internas”, y explica que su esposa ha permanecido sin variación. “Por el
tiempo que lleva allí debería estar en un régimen de mínima severidad, o
sea, en un campamento. Tendría derecho a coger pase mensualmente. Y
nada de eso”.
“¿Qué ocurre con mi esposa hoy?”, se plantea, una pregunta esencial
para la que tampoco tiene una respuesta clara. “Al dictar esta sentencia
absolutoria ya ella no tiene ningún trámite pendiente, no hay ninguna
causa legal para retenerla”, por lo que se presentó una solicitud para
que se definiera su situación y “el capitán Omar, que es funcionario del
Registro legal de la prisión de mujeres, fue al tribunal a averiguar
qué sucedía. La cosa está en que no hay pronunciamiento”.
La decisión que han tomado como pareja es que esperarán el transcurso
de esta semana, si no, “tú te plantas, empiezas una huelga porque hemos
ido pacientemente con la ley pero esto no puede seguir así”, sugiere el
esposo.
Por último, habla de su propio caso.
“Ya estoy en libertad y mi hija me llama a cada rato para saber dónde
estoy o para decirme que tiene miedo de que ‘me van a hacer algo’. Lo
peor es cuando regreso en la noche de su casa y me llama varias veces
para saber que todo está bien”, cuenta el abogado y padre.
La hija tiene motivos, porque sabe que las autoridades encargadas de
mantener el orden ciudadano pueden estar amañadas por la Seguridad del
Estado.
“El colmo de la tozudez y la torpeza es que me sancionan porque
supuestamente yo he falsificado la propiedad de esta casa”, explica
Julio, mostrando su apartamento en el Cerro, “pero, además, voy al
registro de consumidores, y me dan la libreta de abastecimiento para que
coja los mandados, entonces, ¿cómo crees que pueda haber falsificado la
propiedad de esta casa? Y siga viviendo aquí. Coño, qué bueno son ellos
o qué bárbaro soy yo”.
Pese a todo, Julio Ferrer tiene planes para el futuro.
“Ponerse a salvo. Salir de Cuba porque aquí, por lo menos yo, voy a
seguir bajo este fuego cruzado”, aunque su plan más inminente es lavar
la ropa para cuando Marienys salga en libertad nada huela a guardado ni a
humedad.
