‘Mi esposa está presa ilegalmente’

LA HABANA, Cuba.- El abogado de Cubalex Julio Ferrer Tamayo y su esposa, la abogada Marienys Pavó Oñate, llevan cinco años de separación y aunque ella resultó absuelta en juicio hace menos de una semana, aun no se toma una decisión sobre su caso.

“No es cuestión de esperanza”, declara Julio Ferrer a CubaNet, “es una cuestión de derecho. ¿Qué es lo que ocurre?”, él mismo se pregunta y se dispone a contar una historia llena de tecnicismos legales que las instancias encargadas de ejecutar la Ley han violado.

El proceso de Marienys Pavó Oñate no empezó hace unas semanas sino mucho antes, el 31 de julio de 2012 cuando su esposo, en calidad de abogado, quiso representarla y le fue negado su derecho, lo que se agravó cuando empezó a denunciar las irregularidades del proceso legal al que fuera sometida Mairenys.

“A principios del 2016 dio la casualidad de que hubo un período en que fue directora de la prisión de mujeres la teniente coronel Mercedes Luna Rodríguez, una mujer con años de experiencia, con un mejor trato con los internos y con los familiares, lo que me permitió acceder a ella y plantearle la situación de mi esposa, ella se alarmó y me pidió toda la documentación”. A Ferrer le consta que la directora creó un equipo para que se “comprobara” la historia de Marienys Pavó, por lo que según el abogado, recibió como respuesta un “tú tienes toda la razón. A esto hay que darle una respuesta”.

No fue la única en corroborar la historia de la abogada en prisión.

“Yo envíe una comunicación al General de Brigada Marcos Hernández Alcalaz, jefe nacional de prisiones”, y pasó exactamente lo mismo, “Comprobaron que era cierto lo que decía. Mi esposa estaba presa ilegalmente”.

“La teniente coronel comenzó a insistir”, cuenta Julio Ferrer, y pone la culpa exactamente donde él cree que va. “No culpo a las autoridades de instrucción, no culpo a los militares, pero sí culpo a varias autoridades judiciales, a Silvia María Jerez Marimón, presidenta de la sala segunda de lo penal provincial; a Plácido Batista, el presidente de la sala de los delitos contra la seguridad del tribunal supremo”, y da sus argumentos: “Creo que a estas mismas personas, sobre todo Silvia María es a la que se le ha indicado desde 100 y Aldabó: “Preparen esta causa, metan a esta mujer ahí para nosotros tener un escudo”.

“¿Cuál fue la respuesta que recibió la directora de la prisión? Como ellos estaban en un fuego cruzado conmigo, yo enviando documentos y denuncias a las Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hasta a la Asamblea Nacional, ellos decidieron hacerle un nuevo proceso”, la causa fue “cohecho”, y se habla de un período de tiempo anterior al 2012 y hechos ocurridos en el 2013 y en el 2014. “Pero cómo va a participar en esos años si está presa desde el 2012”, se cuestiona el abogado y no lo hace solo. “Fue tan burdo que las mismas autoridades de la prisión se preguntaron cómo era posible que mi esposa pudiera cometer este delito”, dijo Ferrer.

Pese a todas las trabas que Julio afirma que le pusieron, “el tiro les salió por la culata, yo salí de pase”, porque mientras Pavó Oñate estaba siendo acusada de un nuevo delito, su esposo estaba encarcelado por una supuesta falsificación de documentos. “Lo preparé todo, solicité a la junta directiva de Bufetes Colectivos que designaran un abogado, el abogado asumió el caso, le di toda la documentación, pedí además que esta persona, Silvia María, no interviniera, y fue separada del asunto y finalmente tuvieron que dictar una sentencia absolutoria con relación a mi esposa”.

La familia como castigo 

“Las hijas lo mismo van a la prisión que a la fiscalía, van al tribunal, y siempre reciben las mismas respuestas: ‘Ven mañana’, ‘dentro de 15 días’, ‘te vamos a avisar’. Cuatro años y nadie ha respondido”. Julio trata de medir el daño que ha sufrido la familia de Mairenys: “Las consecuencias son trágicas. Nosotros ahorita hace seis que no hacemos vida de matrimonio”. Pero lo peor ha sido todo lo que se ha perdido la esposa de Ferrer. “Ella tiene dos hijas que se han hecho adultas estando ella adentro. Una acaba de cumplir 25 años y la otra tenía 17 años cuando la mamá entró a prisión. Ya están casadas, tienen hijos y su madre se ha perdido partos, casamientos, todo”, denuncia Julio.

También cuenta cómo Mairenys no pudo ver a su madre con vida cuando se le presentó el cáncer de vesícula ni cuando falleció meses más tarde. “A ellos no les interesa la familia, a ellos no les interesa la persona cuando ya te tachan de enemigos, no les interesa nada”, y agrega: “Presenté junto a mi cuñada Leticia los documentos, un resumen de historia clínica del médico para que la trasladaran. No se estaba pidiendo nada que no estuviera reglamentado en el sistema carcelario. Las autoridades penitenciarias hicieron caso omiso. Cuando el fallecimiento se presentó, incluso el acta de defunción, hicieron el mismo caso”, dice Julio, sin perder la perspectiva y denunciar otro hecho que contradice la política que promueve la dictadura.

“Ese mismo año en la celebración del día de los derechos humanos en una entrevista que le hicieron al fiscal general Darío Delgado, ratificó que se cumplían todos los derechos de los internos, sobre todo las internas”, y explica que su esposa ha permanecido sin variación. “Por el tiempo que lleva allí debería estar en un régimen de mínima severidad, o sea, en un campamento. Tendría derecho a coger pase mensualmente. Y nada de eso”.

“¿Qué ocurre con mi esposa hoy?”, se plantea, una pregunta esencial para la que tampoco tiene una respuesta clara. “Al dictar esta sentencia absolutoria ya ella no tiene ningún trámite pendiente, no hay ninguna causa legal para retenerla”, por lo que se presentó una solicitud para que se definiera su situación y “el capitán Omar, que es funcionario del Registro legal de la prisión de mujeres, fue al tribunal a averiguar qué sucedía. La cosa está en que no hay pronunciamiento”.

La decisión que han tomado como pareja es que esperarán el transcurso de esta semana, si no, “tú te plantas, empiezas una huelga porque hemos ido pacientemente con la ley pero esto no puede seguir así”, sugiere el esposo.

Por último, habla de su propio caso.

“Ya estoy en libertad y mi hija me llama a cada rato para saber dónde estoy o para decirme que tiene miedo de que ‘me van a hacer algo’. Lo peor es cuando regreso en la noche de su casa y me llama varias veces para saber que todo está bien”, cuenta el abogado y padre.

La hija tiene motivos, porque sabe que las autoridades encargadas de mantener el orden ciudadano pueden estar amañadas por la Seguridad del Estado.

“El colmo de la tozudez y la torpeza es que me sancionan porque supuestamente yo he falsificado la propiedad de esta casa”, explica Julio, mostrando su apartamento en el Cerro, “pero, además, voy al registro de consumidores, y me dan la libreta de abastecimiento para que coja los mandados, entonces, ¿cómo crees que pueda haber falsificado la propiedad de esta casa? Y siga viviendo aquí. Coño, qué bueno son ellos o qué bárbaro soy yo”.

Pese a todo, Julio Ferrer tiene planes para el futuro.

“Ponerse a salvo. Salir de Cuba porque aquí, por lo menos yo, voy a seguir bajo este fuego cruzado”, aunque su plan más inminente es lavar la ropa para cuando Marienys salga en libertad nada huela a guardado ni a humedad.