Por Lilianne Ruíz
LA HABANA, Cuba, julio 2013, www.cubanet.org.-
El preso político Ernesto Borges Pérez fue amenazado de muerte por un
preso común, en presencia de un teniente del Ministerio del Interior
(MININT), en la prisión Combinado del Este.
El pasado mes de junio, un preso común designado por las autoridades
del penal como “Jefe del Consejo de Presos”, a pesar de estar cumpliendo
una condena por asesinato, ser narcodependiente, por el consumo de
pastillas que se comercian “clandestinamente” dentro de la prisión, y
mantener una conducta violenta, dijo a Borges Pérez:
-Te voy a dar una puñalada que te entre por aquí (señaló al hígado), y
te salga por detrás. Te van a tener que enterrar en los Estados
Unidos-, declaró el prisionero político a esta periodista durante una
visita privada.
El área de la visita es un comedor. Ningún periodista independiente
cubano, ni de agencias de prensa extranjera, que no sirva a los
intereses de propaganda del estado socialista cubano, ni los relatores
del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, han tenido acceso al sistema
penitenciario cubano por dentro.
Ernesto Borges Pérez
Después de recibir la amenaza, Borges Pérez le advirtió al recluso
que haría una acusación formal de amenaza de muerte y tomaría por
testigo al teniente Javier, conocido como “El Reeducador” -encargado de
adoctrinar políticamente a presos comunes-, que había estado presente
durante el altercado. Pero el oficial respondió a su vez:
-No voy a servirte de testigo, yo no estoy aquí.
Borges Pérez considera que semejante respuesta puede funcionar como
incitación para que un reo con las características antes mencionadas
agreda a un preso político.
En general, dice: “La población penal respeta a los presos políticos,
a no ser que la Seguridad del Estado intervenga”. Y añade:
“Mensualmente, se reúnen en una oficina con el preso que ellos
designaron como jefe y que el resto conoce como “El Disciplina”, y le
dan indicaciones precisas de cómo tratar con los presos políticos”.
Conmutada pena de muerte
Borges Pérez fue condenado a 30 años de cárcel por el Tribunal del
Ejército Occidental, el 14 de enero de 1999, bajo el delito de
Espionaje, en la causa No. 2 de dicho año. La pena de muerte por
fusilamiento le fue conmutada.
El delito por el que fue juzgado consistió en haber reunido los
expedientes de 26 “agentes carnadas” de los servicios secretos cubanos,
para divulgarlos posteriormente. Fue detenido por esta acción el 17 de
julio de 1998.
El fiscal del caso expresó a la familia, concluido el juicio, que
solo cumpliría la tercera parte de la sanción, 10 años, para luego
obtener libertad condicional, por tratarse de un militar de carrera sin
antecedentes.
Borges Pérez, a la izquierda, de su álbum personal_cortesía de la autor
Pero Borges Pérez no se ha retractado ideológicamente. Ha continuado
trabajando en la denuncia de violaciones de los derechos humanos de la
población penal, ha ofrecido su testimonio escrito del caso contra
Robert Vesco de 1996, del que participó como analista principal del
departamento 1 de la Dirección General de la Contrainteligencia, en los
interrogatorios.
A 15 años de los sucesos que le llevaron a la cárcel, Borges Pérez
rememora las razones que tuvo para pasar de la oficialidad a la
disidencia:
“Fueron un grupo de factores”, dice; “la Perestroika, la corrupción
que vi dentro de la Seguridad del Estado, el tráfico de influencias, la
constatación de que la única prioridad del aparato es perpetuar en el
poder al clan Castro. La insensibilidad del Estado/ Partido ante la
miseria de la población en los años de Período Especial, para mantener
el control político y económico del país.
“La Seguridad del Estado del gobierno cubano”, agrega, “es un aparato
sobredimensionado y corrupto, porque tiene un exceso de plantilla que
no se corresponde con el tipo de resistencia, no violenta, que se hace
en la Isla, y una educación en la violencia amparada por la ideología
del castrismo. Desde el fin de la guerra civil, que abarcó el periodo
del 61 al 66, con la llegada de los años 70, la oposición en Cuba se
enfoca en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra las
violaciones institucionalizadas por el sistema. Pero la Seguridad del
Estado mantiene su estructura de represión idéntica a la utilizada
durante la guerra civil.
Al ser un aparato sobredimensionado en personal
y en plantilla, los oficiales operativos (contrainteligencia) crean
redes de informantes en todos los segmentos de la sociedad, y se
constituye el Estado Policial”.
En huelga de hambre
En el año 2012, Borges Pérez sostuvo dos huelgas de hambre. La
primera duró 9 días, en reclamo del derecho a hacer llamadas telefónicas
regularmente -en especial para hablar con su hija en el extranjero-,
así como la devolución de sus medicamentos, indicados para las
enfermedades crónicas que padece, entre ellas asma bronquial, y el
acceso a servicios médicos especializados. Finalizó la huelga al obtener
la palabra del teniente coronel Vargas, en aquel momento Jefe de
Prisiones de la Habana, de que cumplirían sus demandas.
Pero las autoridades no cumplieron. A menos de un mes de suspendida
la primera, inició una segunda huelga de hambre, exigiendo libertad
condicional.
El 28 de febrero de ese año, a los 18 días de inanición, se presentó
en su celda el Cardenal Jaime Ortega Alamino y le prometió discutir su
libertad con el General- Presidente de Cuba. “Durante 7 días valoré esta
promesa del Cardenal y abandoné la huelga a los 25 días”, precisa.
Una comisión ministerial le visitó al cabo de un mes: “Revisaron por
primera vez mi expediente de prisionero, y respondieron que habían
propuesto a los tribunales mi libertad condicional, pero han pasado 14
meses desde esa visita”.
“Cuando un preso político inicia una huelga de hambre”, comenta
Borges Pérez, “se crea un Puesto de Mando, que tiene que informar
diariamente a la alta jefatura del MININT. La creación de un Puesto de
Mando se traduce en más gasolina para los carros, café, cigarros,
asignaciones especiales de comida, vacaciones en casas en la playa,
certificados de reconocimiento, ascensos. Es una inercia burocrática
represiva. Viven de eso”.
Tras haber denunciado telefónicamente esta última amenaza de muerte,
las autoridades carcelarias tomaron la decisión de cambiar de piso a
todo el destacamento, permaneciendo en él sólo Borges y su compañero de
celda, con un nuevo grupo de presos. También, el reeducador Javier fue
transferido de área.
Sobres lacrados
Borges Pérez, foto poco conocida_cortesía de la autora
Pero el 29 de junio fue conducido, esposado, a una oficina del
Combinado del Este, donde había un coronel, que se presentó como
sustituto del director general de Cárceles y Prisiones, y le fue
reiterada la amenaza en los términos de que, ante el preámbulo de un
cambio democrático en Cuba, dijo el coronel, “nosotros estamos
preparados para eso, y tú también te tienes que preparar. Tenemos
instrucciones precisas en sobres lacrados, sobre el tratamiento que hay
que darle a ustedes” (los presos políticos, se entiende).
Dicho coronel le expresó además que le sería retirado nuevamente el derecho a las llamadas telefónicas.
El 5 de julio, un militar con grados de Mayor le comunicó
oficialmente que sus llamadas telefónicas deberá realizarlas, a partir
de ahora, desde una oficina, y que solo tendrá derecho a una llamada de
10 minutos por semana, sin horario fijo y en presencia del reeducador
Javier.
“Con esto, las autoridades del penal no solo están violando el
derecho establecido internacionalmente sobre el trato a prisioneros,
sino también están incumpliendo con lo acordado tras el cese de la
huelga de hambre que realicé en 2012”, concluye Borges Pérez.
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