El
 ex oficial de la Seguridad del Estado Saúl Santos Ferro se declaró 
culpable este martes ante un tribunal federal de Miami y admitió que fue
 militar en Cuba, aunque aclaró que al viajar a Estados Unidos estaba 
retirado y trabajaba por su cuenta.
Santos Ferro, de 74 años, está
 acusado de dos delitos graves y podría enfrentar la deportación tras 
cumplir la sentencia que le será impuesta por el tribunal. 
La 
acusación federal contra Santos Ferro incluye un cargo por mentirle a 
las autoridades estadounidenses sobre su vínculo con la estructura 
militar cubana en el momento de llenar su formulario para la residencia 
permanente, y otro por fraude al Seguro Social, ya que entre el 2016 y 
el 2019 recibió ayuda monetaria del gobierno.
En
 su solicitud de residencia permanente, el acusado negó haber estado 
involucrado en alguna organización o actividad policial, o haber 
trabajado en prisiones o centros de detención en Cuba. 
La 
decisión final sobre su condena la tomará un juez de distrito, pero el 
tribunal le adelantó este martes que su condena puede ser  entre seis 
meses y hasta 20 años de cárcel, y no tendrá derecho a apelación. El 
acuerdo de culpabilidad contempla una recomendación de condena de 12 
meses y un posterior proceso de deportación.
Una próxima audiencia permitirá brindar testimonio a víctimas de sus actos represivos en Cuba.
"Esta
 es una victoria ciudadana en la sociedad estadounidense, que es capaz 
de buscar la justicia para las personas que han sufrido la represión del
 régimen castrista", dijo a CiberCuba el abogado Santiago Alpízar, 
integrante de la asociación Cuba Represor ID, con sede en Miami.
Fue
 a través de las denuncias registradas por Cuba Represor ID que las 
autoridades estadounidenses tuvieron conocimiento del caso de Santos 
Ferro. Su nombre empezó a circular en las redes sociales con acusaciones
 de personas que lo identificaron como jefe de la Seguridad del Estado 
en San Cristóbal, en la provincia de Artemisa. Los documentos 
presentados por la fiscalía federal indican que tenía grados de teniente
 coronel y se desempeñaba en el sistema de cárceles y prisiones del 
Ministerio del Interior.
Santos Ferro obtuvo una visa de visitante
 en La Habana y viajó a Estados Unidos en 2012. Al año siguiente 
solicitó residencia permanente en el país.
El exmilitar cubano fue descubierto en febrero último
 y detenido por el FBI. En ese momento un juez decretó arresto 
domiciliario, con un localizador, y le impuso una fianza de 100 mil 
dólares.
Alpízar dijo que su organización, fundada por abogados 
cubanoamericanos, trabaja a partir de "denuncias viables" y de 
evidencias que puedan confirmarse debidamente. "Buscamos justicia para 
víctimas de la represión y no participamos de denuncias anónimas ni de 
cacerías de brujas".
"Exhortamos a todas las personas que han sido
 víctimas de la represión policial en Cuba a contar sus experiencias y 
no permitir que los victimarios se refugien en Estados Unidos 
escondiendo su pasado ominoso", manifestó el abogado.

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