(Washington, DC) – Durante las casi cinco décadas que gobernó Cuba, Fidel Castro impuso un sistema represivo que castigó prácticamente todas las formas de disenso, un legado que lamentable perdura incluso después de su muerte, señaló hoy Human Rights Watch.

Durante el régimen de Castro, miles de cubanos fueron encarcelados en prisiones en condiciones deplorables, otros miles fueron perseguidos e intimidados y a generaciones enteras se les negaron libertades políticas básicas. Cuba logró avances en salud y educación, pero muchos de estos logros se vieron contrarrestados por largos períodos de dificultades económicas y políticas represivas.

“A medida que los países de América Latina abandonaban gradualmente los regímenes autoritarios, la Cuba de Fidel Castro siguió siendo el único país de la región que continuó reprimiendo prácticamente todos los derechos civiles y políticos”, expresó José Miguel Vivanco, director para la Américas de Human Rights Watch. “El régimen represivo creado por Fidel Castro pudo mantenerse en pie durante décadas gracias a un control draconiano que incluía duros castigos impuestos por el gobierno a quienes se atrevían a disentir mínimamente”.

La represión se consagró en la legislación y fue aplicada por las fuerzas de seguridad, grupos de civiles alineados con el Estado y un poder judicial totalmente subordinado al ejecutivo. Estas prácticas abusivas instalaron en Cuba un clima de temor permanente que coartó el ejercicio de derechos fundamentales, presionó a los cubanos a demostrar su lealtad al gobierno y desalentó cualquier posibilidad de crítica.

Muchas de las tácticas abusivas desarrolladas mientras Castro estuvo en el poder —como vigilancia, golpizas, detenciones arbitrarias y actos públicos de repudio— aún hoy continúan siendo usadas por el gobierno cubano.

Castro llegó al poder en 1959, tras liderar una revolución que derrocó al gobierno corrupto y abusivo de Fulgencio Batista. Gobernó por decreto hasta 1976, año en que se reformó la estructura del gobierno mediante una nueva constitución, cuya redacción supervisó él mismo. Desde entonces, y hasta que traspasó el poder a su hermano Raúl en julio de 2006, Fidel Castro desempeñó los tres cargos con más poder en el gobierno de Cuba: presidente del Consejo de Estado, presidente del Consejo de Ministros y primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Fidel Castro renunció oficialmente a su función de presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros en febrero de 2008, y dejó su rol como primer secretario el 19 de abril de 2011.

Durante el período de Castro, Cuba logró importantes avances en el ejercicio progresivo de algunos derechos económicos, sociales y culturales, como la educación y la atención de la salud. Por ejemplo, la UNESCO ha concluido que existe un nivel de alfabetización casi universal en la isla y, según previsiones de UNICEF, el país estaría encaminado para alcanzar la mayoría de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El progreso en el plano de los derechos económicos, sociales y culturales nunca estuvo acompañado por avances similares en el reconocimiento de los derechos civiles y políticos. Durante las décadas en que Castro se mantuvo en el poder, la negación de libertades fundamentales fue implacable, e incluso se intensificó en ciertos períodos, como la ola represiva contra 75 defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y otros críticos del gobierno que tuvo lugar en 2003. Estas personas fueron acusadas de “mercenarias” del gobierno estadounidense y juzgadas en forma sumaria en procesos a puertas cerradas. Muchas permanecieron años en prisiones en condiciones inhumanas, fueron sometidas a largos períodos de aislamiento y golpizas, y se les negó asistencia médica básica incluso cuando padecían enfermedades graves. Más de 50 de estos presos políticos fueron liberados luego de que Fidel Castro traspasara el poder a su hermano, en la mayoría de los casos con la condición de que aceptaran exiliarse a España.

Mientras Fidel Castro estuvo en el poder, el gobierno cubano se negó a reconocer legitimidad a organizaciones cubanas de derechos humanos, partidos políticos alternativos, sindicatos independientes o una prensa libre. Tampoco permitió que veedores internacionales, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, y organizaciones no gubernamentales internacionales, como Human Rights Watch, visitaran la isla para investigar la situación de los derechos humanos en el país.

Los distintos intentos del gobierno estadounidense para propiciar cambios en Cuba durante el régimen de Castro fracasaron una y otra vez. En la década de 1960, estos intentos incluyeron acciones militares encubiertas para deponer a Castro, como la invasión fallida en Bahía de Cochinos y varios intentos frustrados de asesinato. El Presidente Dwight Eisenhower impuso el embargo en 1960, y esta medida posteriormente fue ampliada por el Presidente John F. Kennedy y se formalizó con la adopción de la Ley por la Libertad y la Solidaridad Democrática en Cuba (Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act), de 1996. Esta ley, también conocida como “Helms-Burton”, prohíbe al presidente de Estados Unidos levantar las restricciones comerciales mientras Cuba no haya legalizado la actividad política y expresado un compromiso de celebrar elecciones libres y justas. También prohíbe levantar el embargo mientras Fidel o Raúl Castro estén en el poder.

El embargo ha impuesto privaciones indiscriminadas a la totalidad del pueblo cubano, y no ha contribuido en absoluto a mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba. En lugar de aislar a Cuba, esta política ha aislado a Estados Unidos. Castro supo usar hábilmente el embargo para cosechar simpatías en el exterior, y al mismo tiempo le sirvió como pretexto para reprimir intentos legítimos de promover reformas en Cuba desde adentro, afirmando que estas iniciativas respondían a intereses de Estados Unidos y eran financiadas por ese país.

En diciembre de 2014, el Presidente Barack Obama inició finalmente un proceso de cambio en la política estadounidense, al anunciar que Estados Unidos normalizaría las relaciones diplomáticas con Cuba y moderaría las restricciones a los viajes y al comercio con la isla, e instó al Congreso a considerar la posibilidad de levantar el embargo. A cambio de esto, el gobierno de Raúl Castro concedió la libertad condicional a 53 presos políticos que se encontraban privados de su libertad desde hace varios meses.

Aun así, las leyes orwellianas que permitieron su encarcelamiento —y el de miles de personas antes que ellos— siguen vigentes, y el gobierno cubano continúa reprimiendo a personas y grupos que critican al gobierno o reivindican derechos humanos fundamentales.

Los arrestos arbitrarios y las detenciones breves son habituales e impiden que defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas puedan reunirse o desplazarse libremente. A menudo se realizan detenciones preventivas de personas para evitar que participen en marchas pacíficas o en reuniones políticas.

Ambos gobiernos restablecieron las relaciones diplomáticas en julio de 2015. En marzo, el Presidente Barack Obama visitó Cuba y se reunió con el Presidente Raúl Castro y con representantes de la sociedad civil cubana. Obama dio un discurso que se trasmitió por televisión a todo el país y celebró una conferencia de prensa con Raúl Castro, e instó en esas ocasiones al gobierno cubano a acabar con las restricciones a las libertades políticas y reiteró su pedido al Congreso de Estados Unidos de que pusiera fin al embargo económico sobre la isla.

“Durante décadas, Fidel Castro fue el principal beneficiario de una política de aislamiento profundamente errada de Estados Unidos que le permitió victimizarse y, con ello, disuadir a otros gobiernos de repudiar sus prácticas represivas”, indicó Vivanco. “Si bien el embargo de Estados Unidos continúa vigente, la política de acercamiento diplomático iniciada por el gobierno del Presidente Obama ha modificado esta ecuación, al privar al gobierno cubano de su principal pretexto para reprimir el disenso en la isla”.