Por Dania Virgen Garcia
LA HABANA. (CPD)- El jefe de la Prisión de Guanajay, nombrado Joaquín Darias obliga al interno Raúl Rodríguez Soto Presidente del Movimiento de DH 10 de diciembre a llevar el uniforme de recluso, a pesar de que el recluso padece de dermatitis por contacto, ocasionada por la tela teñida de los uniformes y presenta llagas infectadas, que se agudizan por su condición de diabético insulino-dependiente sin tratamiento.
La doctora de la prisión ha determinado que el interno solamente debe usar ropa blanca, de algodón, pero, “el jefe es quien manda”,afirmó. Cuando el interno se niega a llevar el uniforme le suspenden la visita de su familia.
Rodríguez Soto, quien residía en Estados Unidos, tiene además dos hernias discales.
Debido a la diabetes se le están cayendo los dientes y el glaucoma avanza rápidamente. No recibe el tratamiento médico apropiado para sus enfermedades, avaladas por los propios médicos del establecimiento penitenciario. Además es esquizofrénico paranoide con trastornos bipolares desde la infancia, y tampoco recibe atención psiquiátrica.
“Ya en una ocasión intentó ahorcarse y en otra se envolvió en una colchoneta incendiada” contó a esta reportera, su esposa Mabel González Alfonso
Aunque, según sus familiares, la fiscalía not tenía las pruebas suficientes para condenarlo, Rodríguez Soto, ya ha cumplido siete, de la sanción de treinta años, que le fuera impuesta por el delito de Tráfico ilegal de personas.
Su familia ha solicitado en dos ocasiones la licencia extrapenal, pero ha sido denegada. Ahora están en espera de la respuesta a la tercera solicitud, que hicieran en octubre del pasado año al Tribunal Provincial de Artemisa.
Raúl Rodríguez Soto no clasificó en los parámetros de Castro para ser indultado. Mientras, tiene que soportar los desmanes comandados por el jefe de la prisión. La Fiscalía Militar está al tanto de lo sucedido, pero aún no se pronuncia.
Según lo establecido en el Reglamento de Prisiones el recluso tiene derecho a recibir una adecuada atención médica, y el deber de llevar el uniforme reglamentario “siempre que no afecte su salud y dignidad”.
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