POR MIRIAM CELAYA
Las autoridades han reconocido que un número elevado de trabajadores por cuenta propia han devuelto sus licencias
LA HABANA, Cuba. – No hay dudas, en Cuba estamos asistiendo a una
nueva “ofensiva revolucionaria”.
Esta vez no se trata de aquella
aparatosa operación que aniquiló la pequeña propiedad privada y que en
1968 le dio el tiro de gracia a cuanto negocio familiar, timbiriche o
cafetín sobrevivía a duras penas en los inicios del páramo socialista, y
que aniquiló servicios que el Estado nunca fue capaz de suplir.
Los
métodos, convengámoslo así, han cambiado, aunque el propósito sea
aproximadamente el mismo.
Ahora, cuando el gobierno posa de conciliador y busca
desesperadamente el arribo del capital que tanto demonizó, procura
retraer a su mínima expresión, aunque sin aspavientos, los atisbos de
iniciativa privada.
Todo esto, dado el peligro que supone para la
autocracia verde olivo la convivencia de sectores populares
relativamente autónomos dentro de la Isla con la avalancha de
empresarios y turistas extranjeros que, se espera, inundarán el país tan
pronto comiencen a desaparecer las restricciones impuestas por el
Embargo y la Ley Helms Burton.
Sin embargo, no puede decirse que con esta ofensiva raulista contra
el pequeño sector privado estemos ante una situación circunstancial o
que se trate de una improvisación del gobierno.
En realidad, lo
coyuntural fue la apertura a la iniciativa “cuentapropista” que
constituyó una válvula de escape para el gobierno, necesitado de mover
la economía interna y de que se crearan nuevas plazas de trabajo que
aligeraran la carga del Estado.
A fin de cuentas el General-Presidente siempre advirtió que con la
implementación del trabajo por cuenta propia se estaban “experimentando”
nuevas formas de reactivar la economía para un socialismo más próspero y
sustentable. No obstante, huelga recordar que también aseguró que “no
habría marcha atrás”. Lo que no aclaró entonces es que sí habría muchos
frenos para este sector; tantos, que acabarían asfixiando a muchos
pequeños emprendedores, forzándolos a renunciar.
La cruzada comenzó casi a la par de las aperturas, apenas un par de
años después. Baste repasar algunos episodios no fortuitos.
En diciembre
de 2013 decenas de trabajadores por cuenta propia que se dedicaban al
comercio de zapatos y prendas de vestir importados entregaron sus
licencias tras liquidar sus mercancías. Fueron obligados por la
prohibición oficial expresa a mantener ese tipo de actividad.
La medida
restrictiva de aquel momento se amparaba en un recurso sencillo: en
realidad nunca se habían otorgado licencias para comerciar con artículos
importados –lo cual es monopolio absoluto del Estado–, puesto que los
trabajadores por cuenta propia no pagaban aranceles de importación. Los
comerciantes de marras solo estaban autorizados a vender confecciones de
manufactura artesanal en su condición de modistos o sastres/costureras.
Ergo, no había engaño oficial, sino que la letra de la Ley había sido
malinterpretada o tergiversada a propósito por los cuentapropistas.
Extraoficialmente era un secreto a voces que las tiendas recaudadoras
de divisas estatales habían registrado un considerable descenso en sus
volúmenes de ventas de ropas, zapatos y otros artículos desde que
comenzara la actividad mercantil por cuenta propia. La causa siendo que
la oferta de los pequeños comerciantes privados era más variada y
también de mejor calidad y precio. Por otra parte, a la sombra de este
nuevo comercio y ante la ausencia de un mercado mayorista, había
proliferado todo un trapicheo de “mulas” que introducían la mercancía
desde diferentes países de la región y mantenían abastecido el mercadeo
privado.
En resumen, los particulares emulaban exitosamente al Estado, no solo
en la venta propiamente dicha, sino también en el contrabando, creando
eficientes canales de abastecimiento que burlaban los controles
oficiales.
La lógica más saludable en ese caso, hubiese sido establecer el
arancel de importación y ampliar el contenido de lo que autoriza la
licencia de los vendedores. Sabemos que semejante concesión iría contra
la naturaleza restrictiva del propio sistema, aunque el Estado haya
probado amplia y suficientemente su incapacidad para satisfacer la
demanda de la población, para no mencionar la deplorable calidad de sus
ofertas.
Como decimos en cubano clásico, había que botar el sofá. Y así,
el año 2014 inició con una merma considerable en el sector por cuenta
propia, aunque la prensa oficial asegurase lo contrario.
En días recientes, sin embargo, finalmente se ha reconocido por los
medios gubernamentales y en la voz de sus propios funcionarios
encargados del caso, que un número elevado de trabajadores por cuenta
propia han devuelto sus licencias.
El sector se ha estado contrayendo, y
esta vez la merma abarca un espectro más amplio de ocupaciones.
Todo indica que la suma de la excesiva carga impositiva –que se ha
incrementado gradualmente para algunas ocupaciones–, el azote permanente
de todo un ejército de inspectores corruptos, la ausencia del prometido
mercado mayorista, la arbitrariedad de las normas establecidas y de las
multas a los “subdeclarantes”, así como otras restricciones legales
igualmente absurdas, le están pasando la cuenta a estos “emprendedores”
que alguna vez creyeron en las buenas intenciones y en la
irreversibilidad de las reformas raulistas.
Curiosamente, el segmento de quienes se dedican a la renta de
habitaciones y apartamentos se ha visto beneficiado por una disminución
significativa de los impuestos, si bien éstos continúan siendo altos.
Probablemente, la insuficiente infraestructura hotelera y la carencia de
variantes estatales para enfrentar la afluencia de turistas y otros
visitantes está incidiendo en esta tolerancia oficial para con los que
viven legalmente de esta actividad.
La benevolencia para con los
arrendatarios se mantiene al menos mientras no exista capacidad por
parte del Estado para asimilar el auge turístico que ya comienza a
destaparse.
Por el momento, sírvannos las fluctuaciones de la saga cuentapropista
como botón de muestra de la orfandad jurídica de quienes se aventuran a
negociar con los viejos forajidos de verde olivo; pero también como
indicador de las grandes expectativas de la castrocracia ante el arribo
de los anhelados inversionistas extranjeros, que serán –a no dudarlo–
sudario y epitafio de lo que en su día fue el sector proto-empresarial
nativo… Muerto antes de nacer.
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