En condiciones infrahumanas dos detenidos por el "caso" de Carlos Lage
Son el empresario Conrado Hernández y el médico Raúl Castellanos Lage.
Foto: REUTERS/Claudia Daut
Lage (centro) y Pérez Roque (izq.) han sido espiados y grabados en conversaciones privadas durante operativos de la inteligencia cubana.
"Nuestra Comisión tiene serias razones para pensar que ambos están confinados en las tristemente célebres celdas de aislamiento de Villa Marista"
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) denunció que dos de los funcionarios implicados en la destitución del vicepresidente cubano Carlos Lage y el canciller Felipe Pérez Roque "llevan dos años en manos de la policía política secreta, sin juicio y bajo condiciones infrahumanas de internamiento”.
El empresario Conrado Hernández de 62 años, y el médico Raúl Castellanos Lage, de 58, “fueron encarcelados a raíz de la purga, del más puro corte estalinista, que convirtió en virtuales no personas a un grupo de altos dirigentes nacionales”, asegura la denuncia.
“Nuestra Comisión tiene serias razones para pensar que ambos están confinados en las tristemente célebres celdas de aislamiento de Villa Marista, cuartel general del mencionado cuerpo represivo”, agrega el informe.
"Hace alrededor de dos años, los gobernantes de Cuba declararon que estaban espiando desde hacía tiempo a los altos cargos mencionados y que Hernández y Castellanos participaban con ellos en conversaciones privadas, entre familiares y amigos, en las que se criticaban ciertas decisiones políticas de sus jefes", precisa el documento firmado por el opositor Elizardo Sánchez Santacruz.
La CCDHRN exhorta al gobierno de Cuba para que ponga en libertad provisional inmediata a Hernández y Castellanos, hasta tanto tenga lugar el juicio oral contra ellos, lo cual contribuiría a preservar la salud física y, especialmente, psíquica, de ambos detenidos.
La CCDHRN exhorta al gobierno de Cuba para que ponga en libertad provisional inmediata a Hernández y Castellanos, hasta tanto tenga lugar el juicio oral contra ellos, lo cual contribuiría a preservar la salud física y, especialmente, psíquica, de ambos detenidos.
La CCDHRN está convencida de que Hernández y Castellanos no son criminales comunes y están siendo perseguidos "por ejercer, en forma pacífica, el humano derecho a la libertad de opinión, que supone también el derecho a expresarse en forma privada y a disentir de la opinión de otros funcionarios", concluye el informe.
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