| Madrid | 19 de Junio de 2019 -
Cuban Prisioners Defenders (CPD),
junto con la Fundación para la Democracia Panamericana y el Foro
Patmos, presentó este lunes en la sede de Fundación Transición Española,
en Madrid, un procedimiento especial de denuncia al régimen cubano ante
las Naciones Unidas por "expatriaciones forzosas masivas" que en los últimos seis meses han escalado de forma alarmante.
Las organizaciones demandantes inscriben estas expatriaciones dentro de "gravísimos hechos constitutivos de horribles violaciones de los derechos humanos,
absolutamente aberrantes, inhumanas y degradantes, con gravedad que
requieren de un tratamiento urgente por ocurrir actualmente y debido a
sus efectos irreversibles sobre familias enteras".
En un extenso y fundamentado informe, CPD identifica dos grupos de
víctimas: los que denomina "Expatriados Forzosos", ya fuera de la Isla, y
los "Amenazados con la Expatriación Forzosa". De ambos la organización
ha obtenido no solo la localización de 77 de estos casos, sino la
completa declaración jurada de una gran mayoría.
Los casos han sido recopilados en tan solo 11 días por lo que
representan solo una pequeña parte de todos los expatriados que han
salido de Cuba en las mismas condiciones que detalla la denuncia.
Para los demandantes "es evidente que se trata de algo que está
sucediendo a escala masiva y alarmante en la actualidad en Cuba y que es
imperativo detener".
CPD concluye que "los casos se producen por cientos cada año, y que
el acumulado ha afectado a miles de activistas de derechos humanos,
periodistas independientes, artistas contestatarios, religiosos y otros
grupos pacíficos organizados, pero que la cantidad de aquellos que no
pertenecen a estos grupos, y de los que nadie tiene noticia, pueden
alcanzar varias veces la cantidad que se deduce por este estudio".
Entre los testimonios de 35 "expatriados forzosos" que recoge el
informe aparecen nombres como Eliécer Góngora Izaguirre, activista de la
Unión Patriótica de Cuba (UNPACU),
uno de los casos más extensamente fundamentados; Daniel Llorente
Miranda, el opositor que estuvo meses en el Hospital Psiquiátrico de
Mazorra por correr delante de un desfile del Primero de Mayo en la Plaza
d la Revolución con una bandera de EEUU.
También aparecen José Lino Asensio López, Ramón Arbolaez Abreu,
Yaneisy Santana Hurtado, Onelia Alonso Hernández (FANTU); Joanna
Columbié Grave de Peralt, activista del movimiento Somos+; Raúl González
Manso y Niurcy Acosta Pacheco, miembros del proyecto Amigos de la Rosa
Blanca; Lianelis Villares Plasencia, activista y miembro del Instituto
PATMOS; Félix Yuniel Llerena López, de CubaDecide y otras
organizaciones, por solo citar algunos.
Amenazados con la expatriación forzosa existen numerosos casos, pero
en el informe de Cuban Prisioners Defenders están documentados 42, entre
los que destacan la líder de las Damas de Blanco,
Berta Soler; Leticia Ramos, Mayelin Peña Bullain, Gladys Capote Roque y
otras mujeres, también del grupo opositor femenino; Jorge Cervantes,
Ovidio Martín Castellanos y Zaqueo Báez, de la UNPACU; el periodista
independiente Lázaro Yuri Valle Roca, hasta alcanzar casi la media
centena.
El informe señala como presuntos autores de las violaciones de
derechos humanos y responsables políticos a la alta jefatura del Estado,
por un lado, con Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a la cabeza,
y por otro a funcionarios al frente de los Ministerios implicados
(Interior, Transporte y Justicia).
Pactos violados
En su argumentación, CPD señala que los hechos denunciados son
competencia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
puesto que quebrantan la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, de la que La Habana es firmante y ha
ratificado; la Convención de los Derechos del Niño, de la que Cuba es
firmante y ha ratificado; y los pactos internacionales de Derechos
Civiles y Políticos, y Sociales y Culturales.
Estas violaciones a los diferentes artículos de cada pacto y convenio
están descritos y justificados jurídicamente en el informe.
Además, recoge un dictamen independiente de un abogado y notario en
ejercicio que ha tomado declaración jurada a una muestra de los
expedientes y fundamenta las violaciones a la legislación internacional
de aviación comercial en casos específicos.
"Si bien esto ocurría de forma sistemática pero selectiva desde hace
años, es desde hace seis meses aproximadamente que el Gobierno de Cuba
lo está ejecutando de forma masiva e indiscriminada contra todo este
colectivo, con el propósito de no aumentar la lista de presos políticos y
eliminar a los activistas, usualmente a los más valiosos, obligándoles
a expatriarse, pero impidiéndoles a la gran mayoría de ellos salir con
sus hijos y familiares, y relegándolos al destierro sin sus hijos
menores, padres, cónyuges, hermanos y cualquier familiar o allegado",
añaden los denunciantes.
Para CPD, "aunque la persecución en sí es suficientemente grave,
hacerlo de la manera indicada significa que el nivel de impunidad y
ferocidad con el que se persigue a dichos activistas es un crimen de
Estado concreto, asilable, tipificable y que traspasa todos los límites
de crímenes que pueden ser considerados como de lesa humanidad, por los
que la legislación y organizaciones supranacionales deben actuar a la
mayor celeridad, tras estudiar y comprobar los hechos" documentados.
Aclara que "por motivos diversos y ante la urgencia de presentar el
caso por su gravedad, solo una parte de ella han podido, además, acceder
al formulario de declaración online que permite tabular sus violaciones
de derechos: 26 de entre los expatriados, y 30 de entre los amenazados,
un total de 56 casos".
Procedimientos de actuación del régimen
En el informe se describe los métodos de actuación del régimen para
silenciar las voces contestaras, entre ellas una "feroz y concentrada
persecución y violencia sobre los activistas de derechos humanos más
efectivos; coacciones y presiones a los familiares; ofrecimientos de
pagar los pasajes de salida en caso de dejar la Isla, dotarles de cierto
dinero, y, solo en casos excepcionales, a los familiares a que
abandonen Cuba de por vida junto con el activista".
También identifica la "obligatoriedad de abandonar la organización de
derechos humanos de forma pública; eliminación repentina de la
prohibición de viaje al extranjero; y por último expulsiones forzosas y
directas".
El procedimiento especial abierto por Cuban Prisioners Defenders, que
"cumple todos los requisitos jurídicos necesarios para ser admitida a
trámite por las Naciones Unidas y, en primer término, por el Alto
Comisionado para los Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos"
ha sido enviado ya a Ginebra a la Oficina que hoy dirige la expresidenta
chilena Michelle Bachelet".
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