| Por Juan Carlos Linares Balmaseda
LA HABANA – Una vez comprendido que Cuba es una isla prisión y que sus cárceles
son las celdas de castigo, se impone admitir la existencia de mano de
obra barata en una, y la trata de reclusos, bajo condiciones de
semiesclavitud, en las otras.
En PROVARI, una de las empresas comercializadoras de Productos
Varios, en la provincia de Camagüey, se producen útiles del hogar.
Además, hay una línea de confecciones textiles. También se elaboran
bloques para levantar paredes, tanques plásticos para agua, cercas de
malla. Hay talleres donde se trabaja con madera y en aluminio, así como
áreas para ensamblar bicicletas, fogones, y para manufacturar carbón
vegetal con destino al turismo internacional y para la exportación.
Estar ubicada a escasos metros de la prisión La Empresita, le permite
a PROVARI tener asegurada la mano de obra muy barata, en circunstancias
de total indefensión para sus trabajadores. Esta empresa pertenece al
Ministerio del Interior.
Los activistas políticos Iván Álvarez Mosquera y Darío García Reyes,
presos en La Empresita, citan como ejemplo de explotación laboral al
joven recluso Yasiel García Rodríguez, quien fue contratado por PROVARI
para hacer cercas de mallas y después de tejer en un mes 187 rollos (de
10 metros de largo por 2 de alto), recibió como salario 196 pesos en
moneda nacional (8 dólares).
Sin embargo, cada uno de esos rollos de cerca se vende a la
población, en la red estatal de tiendas minoristas, por un precio
superior a los 1200 pesos (48 dólares). Entonces la producción mensual
del recluso representó casi un cuarto de millón de pesos al Estado.
Recientemente arribaron a PROVARI bicicletas en piezas, de los
modelos todoterrenos o montañesas de 20 y 26 pulgadas, para ser
ensambladas allí. La norma ya fue establecida: cada 18 bicicletas
ensambladas, el reo gana 10 pesos en moneda nacional (menos de 50
centavos de dólar). En su mayoría, las bicicletas serán vendidas en
Tiendas Recaudadoras de Divisas, a precios que rondan los 120 dólares.
Entonces 18 bicicletas representan para el Estado una recaudación
equivalente a unos 50 mil pesos en moneda nacional, o sea unos 2 mil
dólares.
El panorama no es menos triste en la prisión Toledo 2, en La Habana,
desde donde nos informa el recluso Leopoldo Alonso Perdomo, de 35 años,
albañil en una brigada que edifica viviendas para militares. Los
apartamentos -de 2 y de 3 dormitorios, baño, cocina y sala-comedor- son
contratados a los constructores por 22 000 pesos en moneda nacional. De
esa cifra les descuentan 75%, más otro 0.9% de vacaciones, las que no
disfrutan muchas veces, ni siquiera en permisos de estímulos para
visitar a sus familiares. Al final, ese casi 25% que les queda debe ser
dividido entre todos los que participan en la obra, incluyendo técnicos y
oficinistas emplantillados, sean reclusos o no.
Recientemente se produjo un gran escándalo que trajo el tema a la
prensa mundial al descubrirse que la mundialmente famosa empresa sueca
Ikea había utilizado mano de obra de presos cubanos, contratados a
través de un convenio con la desaparecida República Democrática Alemana,
pero el uso de los presos en Cuba como mano de obra semi esclava es
algo mucho más extendido que lo que destapó el escándalo de Ikea.
Es una práctica inhumana que se hace extensiva a las demás prisiones
del país. Habría que ver cómo el ministerio de interior se las
arreglaría para ocultarla a los ojos de los observadores de Naciones
Unidas, si es que por fin algún día el régimen cumple su promesa de
recibir a sus relatores en las prisiones cubanas.
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